En la búsqueda de un futuro mejor, muchos ecuatorianos se embarcan en un viaje que, lejos de ser la promesa de una vida digna, se convierte en una travesía cargada de peligros inimaginables. La migración irregular desde Ecuador hacia Estados Unidos es una odisea mortal, en muchas ocasiones, una experiencia marcada por secuestros, extorsiones y actos de violencia que no solo amenazan a los migrantes, sino también a sus familias, quienes enfrentan amenazas y coacciones adicionales desde el otro lado del continente.
Este trayecto, que debería ser una esperanza de futuro, ha sido distorsionado por la siniestra alianza entre coyoteros y organizaciones delictivas. Las bandas criminales han tejido una red de explotación y violencia que convierte el viaje en una zona de guerra, mucho más que en un camino de esperanza. En lugar de encontrar refugio y oportunidades, los migrantes se enfrentan a un entorno hostil e inhumano.
La respuesta de las autoridades gubernamentales ha sido, hasta ahora, insuficiente. La falta de políticas migratorias humanitarias y una escasa cooperación internacional han dejado a los migrantes desprotegidos, permitiendo que los grupos delictivos actúen con impunidad. Las medidas de protección son prácticamente inexistentes, y los migrantes se ven obligados a enfrentar el sufrimiento y el peligro sin la más mínima garantía de seguridad.
Los relatos de aquellos que han sobrevivido al viaje son espeluznantes. Secuestros y extorsiones se han convertido en una parte rutinaria del viaje, con grupos criminales que no dudan en usar la violencia para asegurar un lucro. Los migrantes, en su desesperación, son a menudo forzados a pagar sumas exorbitantes a sus captores, y aquellos que no pueden cumplir con las exigencias enfrentan un destino aún más sombrío.
Mientras tanto, las familias en Ecuador, preocupadas por el bienestar de sus seres queridos, se ven atrapadas en un ciclo de angustia. Las amenazas y coacciones dirigidas hacia ellos agravan aún más la situación, haciendo que la distancia se sienta como una condena interminable.
El peligro de ser secuestrado durante el viaje es una realidad constante para los ecuatorianos que intentan alcanzar el american dream. Es el caso de Wilson B., un joven de 26 años de Gualaceo quien emprendió su travesía hacia los Estados Unidos con la esperanza de reunirse con su hermana y encontrar mejores oportunidades laborales. Juan fue secuestrado en Reynosa, México, cerca de la frontera con Estados Unidos, un punto crítico y peligroso para los migrantes.
El 23 de marzo de 2024, Rosita, hermana mayor de Wilson, recibió una llamada aterradora mientras se dirigía a su trabajo en New Jersey: «Mi ñaña, ayúdame, me van a matar. Ayúdame, estoy secuestrado. Paga, ñaña, lo que te piden…». Y colgó. Por un segundo, Rosita pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, luego le llegó un video al celular que mostraba una escena escalofriante: su hermano arrodillado, con las manos atadas y la cara ensangrentada, recibiendo patadas de varios individuos enmascarados. Los rostros de los secuestradores estaban cubiertos, pero la violencia era evidente.
Rosita había emigrado a Estados Unidos hace cinco años atrás y, aunque seguía indocumentada, era quien mantenía a la familia en Gualaceo: a los papás enfermos, a dos hermanas con discapacidad y a Wilson, el hermano menor. Ella le pagó el viaje a Wilson para que llegue a Estados Unidos: 15.000 dólares bien trabajados limpiando casas en Manhattan. Ahorró dólar tras dólar para que su hermano pueda ser un apoyo más para su familia: “Mis ñañas y mis pas necesitan medicina y es cada vez más cara. Le dije a Wilson que venga porque entre los dos podemos ganar más”.
Pero, ese viernes, se encontró en una situación desesperada. Tenía solo 48 horas para reunir 12.000 dólares y asegurar la liberación de su hermano. Con el corazón en la garganta y una sensación de impotencia, Rosita empezó a buscar desesperadamente ayuda financiera. Una de sus empleadoras le apoyó con la cantidad requerida y pudo pagar a tiempo el rescate. Sin embargo, la odisea aún acaba. Su hermano sigue sin aparecer.
Historias como la de Wilson son cada vez más comunes. Las estadísticas reflejan un aumento alarmante en los secuestros de migrantes ecuatorianos en México. Según un informe del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, en los primeros cinco meses del 2024, 136.699 ecuatorianos viajaron por territorio mexicano en condiciones irregulares. Estos números van de la mano con un incremento en los casos de secuestro y extorsión.
El caso de Wilson no es aislado. En Ciudad Victoria, México, un grupo de encapuchados detuvo a nueve ecuatorianos junto con otros migrantes latinoamericanos mientras intentaban continuar su viaje hacia el norte, encerrados en un camión. Los secuestradores, pertenecientes a una red de coyotes y delincuencia organizada, exigieron a cada uno de los secuestrados un pago de 1.500 dólares para dejarlos continuar.
Organizaciones sin fines de lucro, como Alto Al Secuestro, reportaron que, durante junio de 2024, hubo 90 secuestros en México, mientras que en mayo se registraron 66, lo que representa un incremento de 36,3%. Desde diciembre de 2018 y hasta el 30 de junio, en menos de cinco años, se alcanzaron 6.598 secuestros en México.
William Murillo, director de la organización 1800Migrante, advierte que los secuestradores se han vuelto cada vez más violentos, sabiendo que la desesperación de los migrantes por seguir su viaje los lleva a aceptar cualquier suma que se les demande. En este clima de terror, los ecuatorianos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. La dolarización de la economía ecuatoriana ha llevado a los secuestradores a suponer que las familias pueden afrontar rescates más elevados. Murillo manifiesta que, en México, los ecuatorianos se han convertido en objetivos de los extorsionadores, siendo cazados como presas debido a su situación vulnerable.
El viaje de Wilson y las experiencias de muchos otros migrantes ecuatorianos reflejan una triste realidad: el camino hacia el sueño americano está lleno de pesadillas. La falta de acción contundente por parte de las autoridades gubernamentales de México y Ecuador ha dejado a estos migrantes a merced de organizaciones criminales despiadadas. Sin medidas de protección adecuadas y sin una respuesta internacional coordinada, los migrantes seguirán siendo presas fáciles para secuestradores y extorsionadores.
Violación y embarazo
María (nombre protegido), una joven de 28 años de Cañar, decidió dejar su hogar en busca de un futuro mejor en los Estados Unidos. Las condiciones económicas y “las vacunas” la empujaron a tomar la difícil decisión de emprender el peligroso viaje hacia el norte.
Durante su travesía por México, María fue secuestrada por un grupo de coyotes que operaban en colaboración con una red de trata de personas. La mantuvieron cautiva en una casa abandonada junto con otros migrantes. Allí, María fue violada repetidamente por sus captores, quienes la sometieron a un infierno indescriptible. Después de semanas de abuso, María fue liberada solo después de que su familia en Ecuador pagara una gran suma de dinero.
Sin embargo, su liberación fue solo el comienzo de otra angustia. Descubrió que estaba embarazada como resultado de las violaciones sufridas durante su secuestro. Sin recursos ni apoyo emocional, María continuó su travesía hacia los Estados Unidos, con la esperanza de encontrar un lugar seguro donde pudiera empezar de nuevo y brindar un futuro mejor a su hijo por nacer.
Finalmente, María llegó a la frontera de los Estados Unidos, donde solicitó asilo. Su historia conmovió a las autoridades, quienes le brindaron apoyo y protección. Sin embargo, el trauma de su experiencia y la incertidumbre sobre su futuro siguen siendo un peso abrumador. Ahora vive en Queens y vende ensalada de frutas en los alrededores del parque de la Alcaldía de New York. Sabe que la gente se conmueve cuando la ve trabajando embarazada en estado avanzado, con su traje típico de Cañar, y en su poco inglés pide apoyo: “Faiv dolars, pliz”. En su carrito tiene fruta fresca, en esta temporada se vende bien el mango y el kiwi. Tiene miedo que la policía la arreste, sabe que no puede estar allí.
De hecho, en 2022, una ecuatoriana fue arrestada mientras vendía frutas en la estación del metro de esa ciudad. Street Vendor Project, una organización que defiende los derechos de los vendedores ambulantes y pequeñas empresas en Nueva York, colgó los videos en redes, lamentando la situación: https://acortar.link/lyxMx9
Las historias de horror son innumerables. Hay decenas de mujeres que prefieren quedar en el anonimato, por vergüenza, y seguir con sus vidas. Otras toman precauciones antes de emprender el viaje: compran anticonceptivos y pastillas de emergencia por recomendación de otras mujeres que ya hicieron la travesía. “Es un secreto a voces la violencia sexual, pero es un riesgo que deben asumir si quieren cruzar al otro lado”, cuenta la psicóloga Lucía Brito. Añade que la violencia sexual es una herramienta de control y terror utilizada por los coyotes y las organizaciones criminales, que aprovechan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes.
“La falta de acción por parte de las autoridades y la ausencia de políticas migratorias humanitarias exponen, especialmente a las mujeres, a riesgos inimaginables”, acentúa la psicóloga.
Impacto de las relaciones diplomáticas
La crisis diplomática entre Ecuador y México ha exacerbado la ya crítica situación de los migrantes ecuatorianos, añadiendo una capa de complejidad a su vulnerabilidad en el extranjero. El 5 de abril de 2024, un acto sin precedentes intensificó las tensiones entre ambos países: la Policía Nacional de Ecuador llevó a cabo una incursión en la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien enfrenta múltiples condenas por corrupción. Este episodio, ampliamente condenado a nivel nacional e internacional, ha sembrado desconfianza y ha enfriado aún más las relaciones entre las dos naciones.
Las repercusiones de este deterioro en la relación bilateral han sido profundas y directas para los migrantes ecuatorianos. La cooperación, que ya era limitada, se ha visto severamente restringida. La falta de diálogo y coordinación entre los gobiernos ha obstaculizado la implementación de medidas efectivas para combatir el creciente problema de secuestros y extorsiones que enfrentan los migrantes ecuatorianos en su travesía por México.
Según William Murillo, de 1800Migrantes, con la ruptura diplomática entre Ecuador y México, el panorama parece favorecer a los narco-coyotes, quienes encuentran en este conflicto una oportunidad dorada. Para ellos, la crisis es el momento perfecto para seguir expandiendo su lucrativo negocio ilegal, capitalizando el sufrimiento y las esperanzas de decenas de miles de migrantes que se ven obligados a enfrentarse a su cruel explotación. Destaca que en las ocasiones en que las autoridades mexicanas han logrado rescatar a ecuatorianos retenidos por mafias, estos esfuerzos han sido posibles gracias a la colaboración efectiva entre diplomáticos ecuatorianos y sus homólogos mexicanos. Esta cooperación ha sido crucial para superar los desafíos y lograr salvar a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Y es que la falta de comunicación efectiva entre los gobiernos ha llevado a una drástica reducción en las operaciones conjuntas, disminuyendo la capacidad para rastrear y desmantelar las organizaciones criminales que secuestran y extorsionan a los migrantes. Las autoridades ecuatorianas, que dependen en gran medida de la información proporcionada por sus homólogos mexicanos, se enfrentan ahora a una situación crítica. Sin esta colaboración esencial, muchos casos de secuestro permanecen sin resolver, obligando a las familias a pagar rescates exorbitantes sin garantía de que sus seres queridos serán liberados.
La crisis diplomática ha exacerbado significativamente los problemas relacionados con la repatriación de migrantes ecuatorianos detenidos en México. Antes del conflicto, existían procedimientos establecidos para la identificación y repatriación rápida de migrantes en situación irregular. Sin embargo, ahora estos procedimientos se han visto paralizados, resultando en un incremento alarmante en el número de migrantes ecuatorianos retenidos en centros de detención en México.
Estos migrantes detenidos enfrentan condiciones precarias y, en muchos casos, inhumanas. La falta de recursos y la sobrepoblación en los centros de detención agravan su situación, prolongando de manera indefinida su espera para ser repatriados. La falta de comunicación efectiva entre las autoridades migratorias impide también una asistencia consular adecuada, dejándolos sin el apoyo necesario para manejar su complicada situación.
“Llevo meses esperando que alguien nos ayude, pero parece que nuestra situación no le importa a nadie. Estamos en un limbo. Las condiciones aquí son terribles, no sé cuánto más tendré que soportar esto”, le escribió Inés (42 años) a su esposo en Estados Unidos. Ella fue detenida en México por intentar ingresar al país de manera irregular. Su pasaporte y su visa eran falsos. En su intento de reunirse con su esposo en Estados Unidos, se vio atrapada en una red de tráfico y falsificación de documentos. Pagó alrededor de 16.000 dólares por una documentación que iba a ser su pase seguro de entrada. Sus dos hijos se quedaron con los abuelos en Ambato. El más chiquito tiene 12 años y quiere a su mamá de vuelta. El mayor está estudiando para entrar a la universidad pública: quiere ser arquitecto.
Implicaciones humanitarias y legales
Las organizaciones de derechos humanos han alzado la voz en protesta por la falta de protección adecuada que enfrentan estos migrantes, y han instado a ambos gobiernos a restablecer el diálogo y la cooperación para abordar la crisis de manera efectiva. Sin embargo, la ausencia de políticas migratorias humanitarias y de esfuerzos coordinados para enfrentar la violencia y la explotación ha intensificado la vulnerabilidad de los migrantes. La falta de un marco protector ha dejado a muchos en una situación de desamparo, sin acceso a recursos básicos y sin garantías de seguridad.
A nivel legal, la crisis ha generado un entorno de incertidumbre. Los migrantes se encuentran atrapados en un limbo jurídico, con una falta de claridad sobre su estatus migratorio y los procedimientos de asilo. Las recientes restricciones de asilo impuestas por la administración del presidente Joe Biden han complicado aún más la situación, dejando a muchos ecuatorianos sin opciones para regularizar su estatus o buscar protección internacional. Esta ambigüedad legal incrementa la angustia de los migrantes y sus familiares, y dificulta el acceso a asistencia legal y humanitaria adecuada.
Carlos Gómez, abogado especializado en migración, señala: “La crisis diplomática ha generado un entorno legal extremadamente incierto para los ecuatorianos. Se encuentran atrapados en un agujero jurídico, sin claridad sobre su estatus migratorio ni sobre los procedimientos de asilo a su disposición. Es crucial que ambos gobiernos restablezcan el diálogo y colaboren de manera efectiva para abordar esta crisis, garantizando así la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad.”
De la misma forma opina también Ana Martínez, especialista en Derechos Humanos, quien además añade: “Las extorsiones y la violencia no terminan al cruzar las fronteras; de hecho, suelen intensificarse durante todo el recorrido migratorio. Los migrantes, que ya han huido de condiciones de vida insostenibles, enfrentan una doble tragedia: el riesgo constante de explotación y abuso. Es crucial que se tomen medidas urgentes para proteger a estas personas en su travesía, garantizando su seguridad y dignidad a lo largo de todo su viaje.”
La realidad de los migrantes ecuatorianos es una historia de desesperación, riesgo y sufrimiento, una travesía donde cada paso puede ser el último y cada sueño, una ilusión rota por la violencia y la indiferencia internacional.
Nora Salinas, coordinadora forense en el South Texas Human Rights Center, reveló una cruda realidad sobre la extorsión por parte de los cárteles. “Los cárteles se comunican con las familias, prometiendo información sobre sus seres queridos a cambio de dinero. Sin embargo, frecuentemente no tienen ninguna información auténtica y solo explotan la angustia y desesperación de estas familias para obtener ganancias”, señaló Salinas.
La tragedia de la migración ecuatoriana hacia Estados Unidos va más allá de secuestros y extorsiones. Muchos migrantes enfrentan la desaparición o la muerte en su arriesgado viaje, dejando a sus familias atrapadas en una dolorosa incertidumbre y desesperación.
Según un informe de la organización 1800Migrante, entre enero de 2023 y junio de 2024 se han reportado 441 secuestros, 15 desapariciones y 25 fallecimientos. Estas cifras subrayan la magnitud de la crisis y la urgente necesidad de una respuesta humanitaria efectiva.
Además, según datos de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., durante el periodo fiscal 2023, se registró la cifra más alta de ecuatorianos encontrados o detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México desde 2020, alcanzando 117.487 personas. Esta cifra representa un incremento del 371% en comparación con el periodo fiscal 2022.
En abril de 2024, Estados Unidos reportó la detención, expulsión y deportación de más de 16.000 ecuatorianos, según un informe de la organización 1800Migrante basado en estadísticas del Departamento de Protección de Fronteras de ese país. En marzo, Estados Unidos contabilizó a 15.951 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados (DED), cifra que aumentó a 16.023 en abril. Este incremento es significativo si se compara con los 6.497 ecuatorianos DED en el mismo mes del año anterior, reflejando un aumento de más del 200%.
A finales de enero de este año, Ecuador solicitó a Estados Unidos la aprobación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus ciudadanos no regularizados en ese país. Esta solicitud se fundamenta en el conflicto interno armado que atraviesa Ecuador, marcado por la violencia de bandas del crimen organizado y sus devastadores efectos sobre la población civil.
En la actualidad, 16 países están designados para el Estatus de Protección Temporal (TPS), entre ellos El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Más de 700.000 personas viven y trabajan en Estados Unidos bajo esta protección, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Nora Salinas, jueza de paz de la organización The South Texas Human Rights. Busca a migrantes desapercibidos.
Por: Mihaela Ionela Badin
Comunicadora