La gestión de la actual Asamblea Nacional ha sido una de las más deprimentes de los últimos tiempos. En poco más de un año de trabajo han dejado en evidencia favores políticos, casos de corrupción, legisladores diezmeros, contratos con sobreprecio, entre otras atrocidades. Vemos de lejos que redacten leyes en beneficio de los ecuatorianos. Pero si podemos leer en redes sociales quejas de la presidenta de la Asamblea Nacional por una posible destitución de su cargo. ¡No cambian!
Ahora, para entrar en amistad y a pocos meses de un nuevo proceso electoral la Asamblea Nacional ha dado la amnistía a 60 personas, procesadas por la justicia por las protestas de octubre de 2019. Se han olvidado de los edificios incendiados, periodistas agredidos, negocios afectados y el caos que generó el bloqueo de las vías.
A quien le ha caído como anillo al dedo esta decisión, es al presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. Él fue uno de los principales personajes que estuvo al frente de las manifestaciones. Ahora anda diciendo que la amnistía es un “proceso de reconciliación”. Pero hace pocos meses convocaba a nuevas paralizaciones por el precio de los combustibles. Su deseo es imponer su agenda política.
Otra de las favorecidas ha sido la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, que por este tiempo estuvo obligada a portar grillete electrónico. Su equipo legal agilita los procesos para retirarle el equipo y pasar esta página, pues no hay tiempo que perder. ¡Borrón y cuenta nueva!
Es indudable que se debe luchar por las causas sociales, inclusive la propia Constitución de la República garantiza el derecho a la resistencia. Pero convertir las manifestaciones en vandalismo, terrorismo o acabar con todo lo que se le ponga en frente, vulnera el derecho del resto de los ciudadanos. Los poderes políticos en la casa legislativa están midiendo sus fuerzas. La tromba que se viene por las nuevas elecciones y el tratamiento de leyes importantes para el país deja a su paso realidades que pocos las entendemos.
Por: Santiago León
Comunicador Institucional