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El Pleno del CNE aprobó el nuevo Reglamento de Fiscalización y Control del Gasto Electoral para las elecciones de 2021. “El año anterior las declaraciones realizadas por los portales digitales Mil Hojas y La Fuente, así como las investigaciones realizadas por mi consejería respecto al financiamiento irregular e ilícito en las campañas electorales generó la necesidad de que la normativa electoral sea reformada para poder controlar de una mejor manera el financiamiento recibido para las campañas electorales y que se clarifique el total de los gastos incurridos por cada campaña electoral”, afirmó Verdesoto.

“Las reformas realizadas a inicios de este año al Código de la Democracia y las reformas establecidas en este reglamento permitirán que el Consejo Nacional Electoral pueda tener un control más adecuado y a tiempo de las posibles irregularidades en el financiamiento de campañas electorales.

Con algunas inclusiones a la normativa propuestas por el Consejero Verdesoto, la Dirección Nacional de Fiscalización y la Unidad Complementaria de Antilavado tendrán la información temprana para verificar el origen de las aportaciones y las alertas correspondientes, como son:

– Presupuesto de campaña electoral: es un cálculo anticipado de lo que se dispondrán a gastar las organizaciones políticas, tendrán un claro panorama de cuantos aportes necesitan para cubrir su campaña electoral y el techo de gastos hasta donde podrían llegar. Incluso un techo de hasta que montos de aportes podrían recibir.

– Reporte quincenal de ingresos y gastos: con esta documentación presentada las unidades correspondientes pueden realizar una verificación anticipada del origen de los fondos y dar las alertas tempranas a los organismos de control en el caso de existir novedades.

– Aportes realizados por las personas naturales: no podrán sobrepasar el 30% de sus ingresos reportados en el año anterior, los aportes iguales o superiores a 10.000,00 USD presentarán los formularios correspondientes de licitud de fondos, los formularios de contribuciones y aportes detallarán el origen de los aportes.

Por otra parte, las prohibiciones de utilización de recursos públicos por parte de las instituciones del Estado para campañas electorales, así como el control de la propaganda en medios de comunicación social, que no podrá exceder al promedio mensual del último año anterior a la convocatoria a elecciones, es un gran avance para evitar que por medio de recursos del Estado los candidatos a reelegirse o las autoridades que quieran apoyar a algún candidato puedan utilizar publicidad electoral para su beneficio propio o de terceros promocionando su imagen o candidatura.  

El Consejero destacó que el Reglamento de Fiscalización y Control del Gasto Electoral señala que los gastos incurridos por los candidatos en las redes sociales sean reportados en las cuentas de campaña electoral, pues esto permitirá conocer con mayor certeza la totalidad de las sumas gastadas. De igual manera, la normativa prohíbe la doble o múltiple contabilidad, que será sancionada electoral y penalmente. Esto frente a los casos descubiertos de una contabilidad paralela con el fin de comprometer a la organización política, candidato y aportante a entregar y/o recibir retribuciones luego de concluidas las elecciones y que terminó con un caso muy conocido en el país con la sentencia de los implicados con la pena privativa de la libertad.

“No quiero dejar de lado el nombrar el pedido de varios responsables económicos, responsables del manejo económico y contadores de incluir una responsabilidad solidaria a las organizaciones políticas, jefes de campaña, procuradores comunes y candidatos, pues es muy conocido en varios procesos que una vez finalizado el día del sufragio los candidatos y las organizaciones políticas han dejado a los encargados del manejo económico con toda la responsabilidad y por ende con las sanciones por las cuentas de las campaña electoral. Por lo tanto la normativa electoral actual establece una responsabilidad solidaria entre los sujetos políticos: organizaciones políticas, jefes de campaña, procuradores comunes, responsables del manejo económico y candidatos por el manejo adecuado de los fondos recibidos para la campaña electoral”, sostuvo.

Todas las inclusiones a la normativa permitirán que la autoridad electoral por intermedio de la Dirección Nacional de Fiscalización pueda tener más mecanismos de control y cruces de información para determinar eficientemente si las sumas gastadas y reportadas son reales a lo realmente incurrido y evitar un manejo paralelo de cuentas contables, es decir una doble o múltiple contabilidad como se lo ha demostrado en el Caso Sobornos. Concluyó.

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